La negación de la pandemia mató a 4.500 trabajadores de la salud en Brasil
En entidades públicas y privadas.
El negacionismo frente a la pandemia de la covid-19 causó la muerte de unos 4.500 trabajadores de la salud pública y privada en Brasil, según un estudio divulgado este jueves por un organismo sindical internacional.
Esas muertes fueron registradas entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, un período en que "el Gobierno brasileño negó la dimensión de la enfermedad" y "atrasó" la compra de equipos básicos para el personal sanitario, dice el informe publicado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP).
"Faltaron equipos de protección, oxígeno, vacunas, medicamentos, y sobraron mensajes falsos y desaforados del Gobierno brasileño", indica el estudio en clara alusión al negacionismo que el presidente Jair Bolsonaro mostró frente a una crisis sanitaria que ya ha matado a casi 690.000 brasileños y aún no ha sido totalmente superada.
El informe de la ISP, elaborado sobre la base de datos oficiales, señala además que "ocho de cada de diez personas" que murieron en Brasil "salvando vidas durante la pandemia eran mujeres".
La ISP, que tiene sede en Ginebra y está presente en 154 países, explicó que 1.184 de los 4.500 muertos entre los sanitarios de Brasil en el período analizado eran enfermeros, cuyas plazas no pudieron ser cubiertas en forma inmediata.
El estudio cita las normas del Consejo Federal de Enfermería, según las cuales cada enfermero es responsable por la atención de unos 18 pacientes, con lo que el numero de enfermos impactados por esas muertes pudiera llegar a 21.300.
El negacionismo con que el Gobierno de Jair Bolsonaro mostró ante la crisis sanitaria fue investigado el año pasado por una comisión parlamentaria, que acusó tanto al mandatario como a varios de sus ministros de una decena de supuestos delitos, incluidos "crímenes contra la humanidad".
Las conclusiones de esa comisión fueron presentadas a la Fiscalía General, cuyo titular, Augusto Aras, no dio curso a ninguna de las investigaciones solicitadas por los legisladores.
EFE